Confemetal alerta sobre los perjuicios para la Industria de “condenar a los motores diesel”

Los motores son básicos para la actividad industrial y no solo por su eficiencia en el transporte en la logística, sino por ser claves para numerosas tareas productivas en la que su sustitución es muy difícil, muy costosa o ambas cosas, y en cualquier caso produciría pérdidas de competitividad que se pagarán en términos de generación de actividad y de empleo.

Confemetal, sin poner en duda la necesidad de regular el tráfico en áreas muy congestionadas para limitar la contaminación, subraya que los motores diesel se basan hoy en tecnologías muy eficientes y con unos niveles de emisiones muy ventajosos respecto al resto de los motores de combustión interna, incluidos los de gasolina.

Los modernos motores diesel ofrecen límites de emisiones de gases similares o incluso menores que los de gasolina, salvo y muy ligeramente en los óxidos de nitrógeno. En cuanto a las partículas emitidas los actuales motores diesel no se distinguen de los de gasolina.

En cualquier caso, prescindir de tecnologías maduras y de demostrada utilidad económica y social, es un error. Y todas las evidencias solventes, lejos de condenar al motor diesel, más eficiente y de menor consumo, deberían llevar a considerar su uso como una herramienta más de la descarbonización de la economía española, en cumplimiento de la demanda social y las exigencias de la Unión Europea.

Por último, Confemetal que representa sectores industriales que han reducido su consumo energético por unidad producida, desde 1985, en porcentajes medios superiores al 35 por ciento, y sus emisiones en proporciones mayores, señala que la implantación de supuestos impuestos verdes y tasas medioambientales, de modo directo o en sustitución de otros impuestos, tiene un efecto contraproducente, tanto para la actividad económica, como, a largo plazo, sobre la propia protección del entorno.

Cualquier iniciativa medioambiental debería, además incorporar el concepto de economía de inversión, de forma que una empresa que invierta en control medioambiental bajo una normativa determinada no pueda verse obligada a modificar los equipos correspondientes en tanto no se hayan amortizado en términos económicos, estableciendo para ello una tasa anual razonable.