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El año 2023 fue de ajuste en la producción de acero, con una disminución del 1,2%, y un consumo moderado pero al alza debido a importaciones. La reforma del mercado eléctrico y la descarbonización son desafíos importantes. La UE enfrenta negociaciones con EEUU para garantizar la sostenibilidad del acero.
Andrés Barceló, director general de UNESID.
Después de dos ejercicios muy buenos, el 2023 fue un año de ajuste del crecimiento de la producción de acero y, por ende, del consumo de productos siderúrgicos.
La producción de acero disminuyó el 1,2%, situándose en 11,4 millones de toneladas. Las estimaciones de producción de acero en el primer trimestre sugieren una caída aún mayor, de hasta el 2,5% en términos interanuales, quedando ligeramente por debajo de 3 millones de toneladas.
El consumo aparente de productos siderúrgicos se mantuvo moderadamente al alza por el fuerte impulso de las importaciones, sobre todo las procedentes de la Unión Europea.
Las exportaciones totales alcanzaron los 6,2 millones de toneladas, lo que supuso una reducción del 6,1%, que se concentra, sobre todo en la Unión Europea que se ha visto muy afectada por la debilidad de la economía alemana.
El primer trimestre del año en curso se ha caracterizado por una reducción de la demanda aparente de productos siderúrgicos motivada, entre otros factores, por la debilidad de los mercados de exportación; así como por los tipos de interés, que han empujado a los consumidores industriales a frenar las ventas hasta que se produzca la anunciada rebaja de los tipos de interés.
2023 fue muy fértil, al igual que el lustro anterior, en materia regulatoria. Se aprobó y entró en vigor el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM por sus siglas en inglés), así como la revisión de la directiva de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, íntimamente relacionada con el CBAM.
La reforma del mercado eléctrico fue otro de los puntos cruciales del pasado año. Aunque no se aprobó formalmente en 2023, se alcanzó un acuerdo político que será ratificado en el mes de abril, como secuela del pacto alcanzado bajo la Presidencia española.
En el ámbito español, merece la pena destacar la segunda edición del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que, con enorme ambición y escaso realismo, plasma algunos objetivos que, aparentemente, serán muy difíciles de alcanzar.
EL CBAM pretende igualar las condiciones, en materia de protección climática, de la industria europea con la de terceros países. Aunque en los considerandos del reglamento se habla de “evitar la fuga de carbono” (es decir la deslocalización de las inversiones), lo cierto es que su efecto se limita a la igualación de las empresas respecto del coste de las emisiones de gases de efecto invernadero, sin entrar en dos temas cruciales: las exportaciones quedan sin cobertura del “paraguas CBAM” y todo el resto de la inmensa burocracia que aplasta a las empresas industriales europeas, tanto en materia ambiental como en otros capítulos regulatorios.
La reforma del mercado eléctrico había levantado muchas expectativas y esperanzas, pero, a la vista del resultado, solo ha servido para hacer pequeños retoques y santificar el mecanismo de asignación de precios en el mercado diario.
UNESID apoyó la posición inicial del Gobierno español que fue laminada en el proceso negociador con otros Estados miembros.
La electricidad, aunque coyunturalmente esté “barata”, sigue teniendo problemas estructurales que no parece que vaya a resolver el nuevo sistema, más orientado en facilitar las inversiones de los productores eléctricos que en garantizar precios estables y competitivos a los consumidores industriales.
La siderurgia española y europea se enfrenta al reto de alcanzar una descarbonización casi plena en 2040, a pesar de que algunas de las tecnologías susceptibles de incorporar no están plenamente operativas, ni técnica ni económicamente. Una vez más el furor regulatorio europeo se ha adelantado al imprescindible desarrollo tecnológico. Dicho lo cual, las empresas están lanzadas a revisar todos los procesos productivos que requiere esta verdadera reconversión industrial, que deberá ir acompañada, no solo de un cambio en el “modus operandi” de la industria y del correspondiente reciclaje de los trabajadores, sino de cuantiosísimas inversiones que, por sí solas, no alcanzan la rentabilidad mínima que requiere el mercado. Por ese motivo, los distintos gobiernos han puesto en marcha procesos de ayuda tanto a la inversión como a la gestión operativa de la industria, para alcanzar cuanto antes la descarbonización de los procesos.
La Unión Europea es el mercado más abierto del mundo en lo que se refiere a los productos siderúrgicos. Con arancel cero, un mercado de 450 millones de personas y una potente industria transformadora, la Unión Europea ha sido, tradicionalmente, un destino favorito de la industria de países terceros, que no tiene que soportar el pero reglamentario que padece la industria europea, sin contar los condicionales ambientales y sociales de la producción industrial europea.
Adicionalmente, la imposición de los aranceles ilegales por el anterior presidente Trump contra las importaciones de acero supuso el cierre del mercado norteamericano (un mercado tradicionalmente importador de acero) y el riesgo de que determinados flujos comerciales recalasen en la UE, invadiendo el mercado europeo. Por ese motivo, la Comisión, con el acuerdo de los Estados miembros, impuso medidas de salvaguardia con contingentes libres de arancel y un arancel adicional del 25% cuando se superasen dichos contingentes. Las medidas han sido efectivas y se encuentran en proceso de revisión, que deben culminar en junio de 2024, con vista a que se prolonguen hasta 2026.
UNESID confía que las medidas se extiendan porque han demostrado, a pesar de todas las reticencias previas, que no suponían cerrar el mercado europeo, que ha seguido absorbiendo importaciones de países terceros, y al mismo tiempo se ha evitado la congestión del mercado que se podría haber producido de no haberse adoptado dichas medidas.
EEUU ha propuesto a la Unión Europea (UE) la firma de un acuerdo mundial para garantizar la sostenibilidad del acero y el aluminio, luchando contra la sobrecapacidad que fomentan algunos países que no se corresponden con criterios de mercado.
Un buen ejemplo se da en la producción de acero inoxidable en Indonesia que, merced a un importante programa de ayudas y subvenciones, ha permitido la instalación de una gran capacidad productora de acero inoxidable con el único objetivo de inundar los mercados mundiales de ese producto.
A pesar de la victoria de la UE en la Organización Mundial del Comercio, la inoperancia del órgano de solución de diferencias ha hecho inútil la victoria de la UE, acrecentando la sensación de inutilidad e irrelevancia de la organización.
En estos momentos, EEUU y la UE negocian para conseguir alcanzar un acuerdo que ponga fin a las disputas comerciales y que permita avanzar en una producción “limpia” de acero desincentivando la instalación de capacidad no relacionada con el mercado. Este será un punto relevante en el año 2024.
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